Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) declaró: “Esta Ley, que de forma ilegal el Gobierno de Milei incumple, fue aprobada 3 veces por el Congreso Nacional”. En ese sentido, el gremio universitario emitió un comunicado explicando que la modificación impulsada por el Gobierno Nacional “abre un escenario de negociación con diputados y senadores que tiene, en principio, el visto bueno de varios Rectores de universidades nacionales” “Estas autoridades, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresaron a las federaciones sindicales de docentes y nodocentes su disposición a negociar varios puntos de la actual Ley de Financiamiento Universitario”, agegó el texto gremial . Ahoa bien, “ante la postura de las organizaciones sindicales, que “rechazamos cualquier negociación sobre una ley que ya fue aprobada 3 veces y que nos oponemos a cualquier negociación salarial de la que no participemos los sindicatos, el CIN expresó en un comunicado poco difundido su posición de adhesión a la actual ley de financiamiento universitario”, aclaró en su comunicado la COAD En ese sentido, “consideramos inadmisible cualquier postura ambigua respecto a los derechos que conquistamos como comunidad universitaria. Exigimos al CIN una expresión pública contundente y difundida adecuadamente en rechazo a este nuevo intento del Gobierno por desconocer y violar la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en las calles”. CLARAS DIFERENCIAS ENTRE LEY VIGENTE Y EL NUEVO PROYECTO DEL GOBIERNO DE MILEI La Ley vigente, establece una recomposición que lleve el poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios al nivel que tenían en noviembre de 2023. “Al día de hoy, nos correspondería a lxs docentes un aumento salarial del 54%”, precisó la COAD . En tanto, la Ley enviada por el Gobierno propone solo un aumento del 12,3% a pagar en 3 cuotas durante el 2026, es decir un 41% menos de lo que establece la ley vigente. La Ley de Financiamiento Universitario establece que, luego de la recomposición salarial mencionada en el punto anterior, el Gobierno debe llamar de forma obligatoria a la paritaria nacional cada tres meses y que, en dichas instancias, no puede establecerse aumentos salariales menores al incremento de la inflación medida por el INDEC. De esta manera se garantizaría el sostenimiento del poder adquisitivo de los sueldos. El nuevo proyecto del Gobierno sostiene la convocatoria a paritarias, pero elimina la obligación de que los aumentos sean iguales o mayores a la inflación. Respecto a los gastos de funcionamiento, la Ley vigente establece que las universidades deben recuperar el presupuesto recortado durante 2024 y 2025, y que en 2026 el presupuesto debe ser actualizado en caso que la inflación real sea mayor a la proyectada por el Gobierno en el presupuesto nacional. En las modificaciones enviadas recientemente por el Gobierno se elimina todo lo referente a recuperar lo perdido en gastos de funcionamiento durante el 2024 y el 2025